Foto: Ángela Aguirre
Ángela Aguirre, Ángela Gómez, Juanita Vélez, Sofia Rivas, Siobhan O’Neil
26 de noviembre de 2024
Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo y la construcción de paz de un país sumergido en medio de un conflicto; a lo que se le suma la falta de justicia e instituciones sólidas que garanticen, entre otras cosas, el derecho a que todo ciudadano viva libre de cualquier forma de violencia. Un ejemplo de ello, se presenta en el más reciente informe de la iniciativa Managing Exits from Armed Conflict (MEAC) del United Nations Institute for Disarmament Research y la Fundación Conflict Responses, CORE: Violencia Sexual y Lucha por la Justicia: La Vinculación de Sobrevivientes Indígenas Nasa a Grupos Armados en el Norte del Cauca. Allí se documenta la relación existente entre la falta de justicia en casos de violencia sexual en las comunidades indígenas Nasa del norte del Cauca como uno de los factores determinantes para que sobrevivientes de este tipo de violencias, engrosen las filas de los grupos armados ilegales allí presentes.
El informe presenta también recomendaciones elaboradas junto con delegadas de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), dentro de las cuales sobresale, la promoción de cambios normativos en materia de administración de justicia, a través del mejoramiento de la documentación y recopilación de datos sobre el tema, la atención a sobrevivientes, e iniciativas que desdibujen los estereotipos de género y discriminaciones o violencias derivadas de estos.
Los resultados de esta investigación aparecen en una coyuntura preocupante para Colombia respecto a dos situaciones. Por una parte, las alarmantes cifras sobre violencia sexual basada en el género y feminicidios que, según la Defensoría del Pueblo, entre enero y mayo de 2024 se documentaron al menos 3700 casos de violencias basadas en género en Colombia, incluída la violencia sexual. Según datos de la Fiscalía, entre enero y junio de 2024, han ocurrido 217 feminicidios en todo el país, de los cuales 138 tienen un proceso judicial abierto en diferentes etapas: 79 en indagación, 29 en investigación, 27 en juicio, 2 en ejecución de penas y tan sólo 1 condena por aceptación de los hechos.
Por otra parte, la agudización de la violencia en el país, el fortalecimiento de actores armados, y la expansión de los mismos a través de estrategias de gobernanza armada, requieren una respuesta inmediata, pero también estructural, en donde el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, y el respeto por la diversidad de origen étnico, religioso, de género o de opinión constituya un aporte a la construcción de paz en el país.
Violencia-Sexual-y-Lucha-por-la-Justicia-La-Vinculacion-de-Sobrevivientes-Indigenas-Nasa-a-Grupos-Armados-en-el-Norte-del-Cauca.docx (2)https://unidir.org/publication/sexual-violence-and-the-struggle-for-justice-the-involvement-of-indigenous-nasa-survivors-in-armed-groups-in-northern-cauca/
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