“El EMC usa la violencia y la coerción para debilitar la democracia local, tanto para los candidatos como para los votantes. Ante este escenario, el gobierno tendrá que mejorar las estrategias y medidas para proteger a los candidatos, especialmente en municipios y departamentos donde operan unidades del EMC.”

El EMC también amenazó a “partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra y que pretenden desarrollar las campañas electorales regionales en áreas sobre las que tenemos control político militar…”, diciendo que serán devueltos en sus retenes o que el grupo armado les aplicará la “ley 003 del 2000” (una orden de las FARC-EP para supuestamente atacar a la corrupción en las zonas bajo su control).

Esta “ley” ya ha sido aplicada antes. Durante las elecciones del Congreso en 2022, las unidades del EMC, ahora organizadas bajo el “Bloque Occidental Jacobo Arenas”, asesinaron al ex alcalde de López de Micay, tras acusarlo de dirigir una red de compra de votos.

También, en el 2019, mataron a Karina García –entonces candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, por el partido Liberal– por, según el EMC, promover grupos paramilitares en la zona. Además, han limitado el acceso de candidatos a ciertas zonas bajo su control y hay denuncias de haber presionado a varias comunidades para que voten por ciertos candidatos.

El EMC usa la violencia y la coerción para debilitar la democracia local, tanto para los candidatos como para los votantes. Ante este escenario, el gobierno tendrá que mejorar las estrategias y medidas para proteger a los candidatos, especialmente en municipios y departamentos donde operan unidades del EMC. Además, tendrá que garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones, para que las comunidades no acaben efectivamente presionadas por el EMC.

También, al retomar la mesa de negociación con esta disidencia, será necesario ajustar el cese bilateral, ya que su lenguaje es demasiado ambiguo y realmente solo existe un compromiso ante la población civil de respetar su vida e integridad física. Es fundamental un lenguaje claro del respeto pleno al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y un compromiso del respeto a las elecciones en todos sus sentidos y de no ejercer ningún tipo de violencia ni presión contra candidatos ni votantes. Un compromiso de este estilo solo será efectivo si se logra instalar completamente el mecanismo de monitoreo y verificación, el cual solo operó parcialmente hasta el impase reciente.

En este momento es difícil ver cómo el gobierno puede anunciar públicamente que ha retomado esta negociación sin que el EMC haga una muestra de su voluntad de paz. La presión militar puede funcionar para que la disidencia tome la negociación en serio, pero también corre el riesgo de escalar el conflicto y sus afectaciones humanitarias. Contactos privados, sin embargo, son posibles y serán claves para que las partes puedan retomar el proceso.

Este momento es semejante al del gobierno de Santos y el ELN después del atentado de esta guerrilla en Barranquilla en enero del 2018, donde murieron cinco policías y fueron heridos más de 40. Aunque eventualmente se retomaron contactos privados entre las partes, públicamente no fue hasta que el ELN anunció un cese unilateral por las elecciones al Congreso que el gobierno optó por seguir con la negociación.

La pregunta es entonces ¿cuál será la muestra pública de paz del EMC que permita retomar públicamente el proceso? Así no le guste, la pelota está en su cancha, por su anuncio frente a las elecciones.

La negociación con el ELN

Esta mesa ha sido el epicentro de un proceso de negociación lleno de altibajos y dificultades desde que se retomó el año pasado.

Uno de los momentos más difíciles para el gobierno se dio tras el anuncio por parte del presidente Petro, el 31 de diciembre del 2022, de que se habían acordado ceses bilaterales con los cinco grupos armados principales, lo cual no era verdad porque apenas existían los decretos gubernamentales de los ceses, pero nada acordado y firmado con esos grupos.

Aunque cuatro de ellos no respondieron públicamente, el ELN sí lo hizo (como era de esperar), negando que hubiera firmado un cese con el gobierno, lo cual hizo quedar muy mal a Petro ante la opinión pública.

En marzo del 2023 se presentó públicamente la “agenda de México”, la cual profundiza y especifica la que ya existía desde el gobierno Santos. Aunque fue presentada como un avance, también fue criticada por abrir la puerta a negociar con el ELN cualquier tema sobre el Estado, la democracia y el modelo económico, después de la participación de la sociedad. Además, está claro que la agenda se pactó sin ninguna consideración de cómo podría afectar a los demás procesos de negociación que está llevando a cabo el gobierno.

Poco más de 15 días después de este anuncio, el ELN en Catatumbo dio muerte a diez militares. Entonces el presidente exigió que en la siguiente ronda de negociaciones se llegara a un cese bilateral del fuego. Desde entonces, ha propuesto un cese regional que empezaría en una zona para irse extendiendo a otras, una propuesta que el ELN ha rechazado.

El siguiente incidente ocurrió hace menos de 15 días, después de un atentado en Tibú, Catatumbo, cuando murieron dos policías y una mujer civil, que el ELN se atribuyó. El Alto Comisionado, Danilo Rueda, salió a decir que el comunicado del ELN era un “gesto de responsabilidad” y que “ese reconocimiento es un avance frente a muchos fenómenos que quedan en la impunidad”.

La lluvia de críticas llegó rápido, porque Rueda no había rechazado el atentado y porque reconocer un ataque no es ningún “gesto” ni mucho menos un “avance” hacia la paz. El Alto Comisionado tuvo que publicar un segundo video asegurando que desde el comienzo había rechazado el atentado y que también rechazaba la “tergiversación” de sus palabras. Es decir, rechazó la violencia y a los que lo criticaban en una sola comunicación.

¿Endurecer o no endurecer? esa es la cuestión

La presión política alrededor de la paz total ha obligado al gobierno a tomar posiciones más fuertes frente a los grupos armados con los cuales había empezado a negociar.

De hecho, ya el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que “vamos a debilitar el Estado Mayor Central”. Parece, además, que la paciencia del presidente está empezando a agotarse.

Petro sí tomó una posición más fuerte contra las AGC a raíz de su participación en el paro minero en marzo de este año, pero para una parte de la opinión no ha sido suficiente porque otros grupos armados también han cometido actos atroces.

El gobierno tendrá que hacer un balance difícil entre la presión militar para que los grupos tomen más en serio sus negociaciones, y el riesgo de romper totalmente esos procesos. Este balance sería mucho más fácil con una estrategia global claramente definida de la Paz Total, y lo que se pretende lograr con ella, y menos salidas en falso con las comunicaciones.

*Este artículo fue publicado inicialmente en Razón Pública, el 4 de junio de 2023.