Este 3 de agosto se inició el Acuerdo del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal – CFBNT- entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional -ELN. Durante 180 días, hasta enero de 2024, las dos partes, guerrilla y gobierno nacional, se comprometen a suspender las acciones ofensivas, incluyendo acciones de inteligencia, aunque mantienen las acciones defensivas.
En la Mesa de Diálogo en La Habana -Cuba, las partes realizaron durante dos meses un proceso de alistamiento y preparación de los 9 protocolos buscando que de esta manera se asegure la disminución del impacto del conflicto sobre la población civil y se genere un contexto de propicio para la participación de la misma en la negociación y se concreten acuerdos humanitarios.
Sin embargo, para cada una de las partes, este tiene una meta principal diferente: para el ELN es “el camino para la participación de la sociedad” y para el gobierno nacional es una apuesta para “generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades”.
Este CFBNT tendrá muchos desafíos que pueden verse en el espejo de lo que ha pasado en intentos anteriores de ceses con esta guerrilla y que pueden agudizarse, considerando que es una apuesta nacional en un contexto en el cual el país afronta diversos conflictos a nivel subregional con múltiples actores.
Desde la perspectiva de la construcción de la confianza entre las partes, la eficacia para lograr los objetivos del cese, así como el avance mismo de la mesa de diálogo, en Conflict Responses (CORE) identificamos cuatro lecciones aprendidas del cese al fuego bilateral de 101 días entre el ELN y el Gobierno Santos entre octubre de 2017 y enero de 2018, aplicables al actual.
Estas lecciones fueron desarrolladas en el capítulo “El cese al fuego bilateral de 101 días: Des escalar el conflicto sin construir confianza” del libro “Una paz aplazada, pero urgente y necesaria. Proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (2010-2019)”.
Uno de los principales aprendizajes del pasado Cese al fuego Bilateral de 101 días de 2017 es la importancia de que los protocolos tengan un lenguaje claro y preciso, que evite en lo más posible ambigüedades que pueden llevar a interpretaciones amplias y divergentes entre las partes de lo que constituye una violación del cese al fuego. El cese de 101 fue escrito rápidamente para lograrlo antes de la llegada de la visita del Papa en septiembre del 2017, lo cual llevó a un lenguaje bastante ambiguo y a interpretaciones extremadamente diferentes sobre qué era una violación o no. Esto, a su vez, puso una presión fuerte sobre el mecanismo de verificación. La concreción del lenguaje, por ende, es necesaria para las partes, los verificadores, los países acompañantes e incluso para la misma sociedad, para que sepa qué fue lo acordado.
De acuerdo a lo señalado por algunos de los involucrados en el actual Acuerdo de CFBNT, esta es una de las razones por las cuales se tomaron dos meses de alistamiento y preparación que dejó como resultado un protocolo y un glosario común con el fin de tener “los entendimientos conceptuales comunes entre las Partes sobre el mencionado cese al fuego” que habría sido socializado por las partes.
El glosario define de manera corta las acciones defensivas, ofensiva, de inteligencia e incidentes, entre otros conceptos más operativos, del CFBNT, pero no queda claro si dentro de estas definiciones se incluirán elementos como las lecturas frente a las acciones ofensivas contra otros actores armados ilegales o los ejercicios de control poblacional que puedan ejercerse.
Quedan dudas sobre cómo serán interpretadas aquellas acciones que se realicen contra otros grupos armados, pues el país está en un contexto en el que el conflicto armado se ha fragmentado a nivel subregional para dar lugar a varios conflictos armados. Las operaciones frente a otros actores armados, como las autodenominadas Autodefensas Gaitanista de Colombia-AGC-, con quienes no se cuenta con un cese al fuego activo, son un ejemplo. El Frente de Guerra Occidental llevó a cabo acciones militares durante el cese de 101 días argumentando que estaba actuando contra las AGC.
Esta situación es especialmente importante en lugares como Chocó, Bajo Cauca y Sur de Bolívar, en donde la disputa entre el ELN – en alianza con las disidencias en los dos últimos – y las AGC se ha intensificado recientemente. Si bien, el protocolo contempla que se pare de forma inmediata cualquier contacto armado si se encuentra el ELN con la Fuerza Pública, estas disputas con otros grupos armados pueden convertirse en los principales escenarios en los que ocurran hechos que se presuman como incumplimientos o minar el cese políticamente, pues se puede crear una percepción en la opinión pública de que no disminuye la violencia.
También sigue siendo cuestionado sobre la mesa el tema del secuestro, pues no es explícito en los protocolos que queda suspendido en este momento o si se esperará a una fase de cese de hostilidades, como lo habría señalado el ELN previamente. Este puede ser un tema que tensione tanto el monitoreo, verificación y evaluación que realiza el mecanismo, como para los integrantes de la Mesa de Negociación, ya que desde el gobierno, el secuestro es una violación, mientras para el ELN no lo es porque, según el grupo, su prohibición no aparece en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La desconfianza sigue estando presente en el terreno y es probable que las interpretaciones de los comandantes locales sobre posibles acciones de la Fuerza Pública sea de “perfidia”. También es probable que ejercicios de inteligencia sean parte constante de los incidentes que deberá verificar el Mecanismo de Monitoreo, en zonas especialmente álgidas como Arauca y Chocó. Ya así lo referencia una comunicación por redes sociales del Frente de Guerra Oriental, por ejemplo.
Debe recordarse que el ELN llega a este CFBTN con un contexto previo de alta desconfianza frente a la posición de la Fuerza Pública frente a la Paz Total. La desconfianza que puede haber en los territorios frente al CFBNT se basa, en parte, en la idea de que sea utilizado por “otras fuerzas” como una forma de mejorar su posición militar para así continuar con la guerra.
Así, el ELN señaló a principios de año que “el plan de la extrema derecha junto con las Fuerzas Militares para seguir realizando operaciones militares contra el ELN está en pleno desarrollo. Se conoce que no cumplirán las órdenes de parar las acciones militares y de inteligencia”. Lo que recuerda los múltiples señalamientos planteados durante el cese bilateral de 101 días de 2017, en el que el ELN – especialmente los Frentes de Guerra Oriental y Occidental – concluyeron que la Fuerza Pública aprovechó del cese para establecer una ventaja militar frente al ELN.
En el contexto actual, son dos elementos que interactúan y que tendrán que resolverse rápidamente para asegurar que esta desconfianza alrededor del CFBNT se disipe. El primero es la probabilidad de que ocurran incidentes a raíz del hecho de que la Fuerza Pública sigue estando habilitada para la lucha por rentas ilícitas y los dueños de las mismas, como ocurrió en el cese de 101 días en Chocó, por ejemplo. Frente a esto, el segundo es el Mecanismo de Verificación, quien tendrá que verificar los incidentes en terreno, a pesar del contexto de inseguridad en varios territorios. Hay protocolos entre el gobierno y el ELN para su protección y seguridad, pero hay otros actores armados que operan en varias zonas que no han suscrito acuerdos de este estilo.
El MMV tiene un rol central y es clave su eficiencia en la recepción, interpretación, verificación y evaluación de los posibles incidentes que ocurran. En el cese de 101 días, por el lenguaje ambiguo, la presión sobre el MMV de resolver diferencias de interpretaciones entre las partes fue particularmente alta. No logró hacerlo, en buena parte, por la actitud negativa de algunos miembros del equipo del gobierno en el MMV frente a aceptar la verificación de numerosas posibles violaciones. Por ende, no se lograron resolver varias controversias y el mecanismo no pudo evitar que la confianza resultara más dañada; tanto que el ELN terminó saliéndose del mecanismo pocos días antes del final del cese, pues lo consideraba inútil.
El mejor lenguaje en el cese actual mitigará la posibilidad de que interpretaciones muy divergentes lleguen al MMV, aunque puede ocurrir en el caso del secuestro, como mencionamos anteriormente.
En el cese que empieza a regir hoy, El MMV también necesitará tener un constante diálogo con la veeduría social, el acompañamiento eclesial, los mecanismos de protección humanitaria y los demás actores incluidos en el protocolo de comunicación.
Si bien la veeduría social y el acompañamiento eclesial no tendrán un rol de verificación y evaluación sino más de acompañamiento y trámite de información, en muchas comunidades, podrán generar altas expectativas en el cese y jugarán un papel importante en la construcción de confianza entre éstas y el proceso. Será clave la forma en que el MMV termine evaluando e interpretando los posibles incidentes conocidos por la Iglesia y los actores sociales, lo cual le pone mayor presión para dar conclusiones claras que deberían conocerse en las comunidades afectadas.
No es coincidencia que el inicio del CFBNT sea el marco de la instalación y de desarrollo de Comité Nacional de Participación, el cual definirá la metodología para que luego se discutan temas tan transversales como el régimen político, el modelo económico y la situación ambiental en los encuentros territoriales. Esto se explica por la autopercepción del ELN como protectores de la población civil en contra de un Estado que ha buscado imponer proyectos económicos neoliberales opuestos a los intereses y necesidades de las comunidades. De tal forma que le da una alta importancia al asunto de la participación y la protección de la población y sus liderazgos en la mesa de negociación.
La idea del ELN en el cese de 101días era usarlo para promover la participación, lo cual no ocurrió. Al mismo tiempo, la guerrilla argumentó que la violencia contra los líderes sociales empeoró durante ese cese, lo cual, para ella, fue por una serie de violaciones al mismo.
La importancia de los líderes ha aumentado desde entonces y seguirá siendo clave en el proceso actual. Así que la interpretación sobre las acciones tomadas (o no tomadas) por el gobierno nacional frente a la estigmatización y especialmente los ataques o amenazas para aquellas organizaciones y líderes sociales que participarían en los encuentros territoriales, serán claves para minar o fortalecer la confianza del ELN en el CFBNT y la negociación.
También en el cese al fuego de 101 días de 2017, cuando se planteó la posibilidad de hacer una “veeduría social”, iniciativa celebrada por el ELN pero rechazada por el gobierno, igual se hizo pero sin un papel oficial. Cuando publicaron su análisis del cese al fuego, iban en algunos casos más allá de lo acordado. La guerrilla aprovechó y utilizó esa interpretación para argumentar que el Gobierno había incumplió el cese al fuego bilateral.
Esta veeduría social, en el cese actual, está “regulada”, lo cual puede permitir a las partes tener mayor poder sobre los actores que la hacen. Aunque existe el riesgo de que busquen influir en los “veedores sociales” para que adopten ciertas posiciones frente a los resultados del CFBNT, lo cual puede significar que quedan expuestas a una agudización de la estigmatización y el riesgo.
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