Foto: Foto: Defensoría
Kyle Johnson
26 de mayo de 2024
Desde la suspensión del cese bilateral entre el gobierno y el comúnmente llamado “Estado Mayor Central” (“EMC”) el 17 de marzo de este año en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, ha habido una intensificación (esperada) de la violencia en el segundo de estos tres departamentos.
Este aumento de acciones militares, principalmente entre las fuerzas estatales y las unidades del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOJCA), de lo que era el “EMC”, también ha llevado a que varias voces hayan criticado que el gobierno siga negociando con este grupo armado.
Dichos cuestionamientos, de todas formas, están basados en una lectura equivocada de la situación actual de este grupo armado: los que sí están negociando aún no son los responsables de la violencia en el Cauca.
Acá le mostramos, entonces, un análisis rápido de la violencia en el Cauca, la situación actual de lo que se conocía como el “EMC” y del proceso de negociación actual con algunas unidades de esta disidencia.
La suspensión del cese bilateral en Valle, Cauca y Nariño fue la respuesta del gobierno Petro al asesinato de Carmelina Yule Paví, lideresa indígena quien fue asesinada cuando miembros del Frente Dagoberto Ramos abrieron fuego contra un grupo de indígenas, quienes, con bastones, habían ido tras el grupo armado para recuperar un menor de edad forzosamente reclutado por el mismo.
Hasta ese momento, la violencia relacionada con los conflictos armados en el Cauca, durante el cese bilateral entre el “EMC” y el gobierno, tenían dos aspectos predominantes. El primero era que se daban enfrentamientos entre grupos armados ilegales, principal – pero no únicamente – en lugares como Argelia y Balboa (en el sur) y Santander de Quilichao y Silvia (en el norte).
El segundo era la violencia ejercida por los grupos armados contra la población civil: asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y controles sobre la vida social y diaria de la gente.
Estas afectaciones contra la población civil fueron especialmente fuertes contra las comunidades Nasa en el norte del Cauca, como ellas mismas documentaron y expresaron en una carta al BOCJA:
Sólo en los últimos cuatro años en el norte del Cauca su organización ha sido responsable de 374 asesinatos contra Kiwe Thegnas, autoridades y comuneros, dejando heridos a decenas más; ha puesto explosivos a 42 personas, sin contar los que han afectado viviendas y caminos vecinales; ha realizado 214 hostigamientos a bienes civiles como casas y escuelas; ha hecho 225 amenazas individuales a miembros de nuestros comunidades y 112 amenazas indiscriminadas; ha reclutado a 785 menores de edad; han desaparecido forzosamente al menos a 25 personas; y extorsionado casi todas las comunidades. Hablamos de por lo menos 1777 acciones contra las comunidades NASA del norte del Cauca.
Actualmente, lo “nuevo” de la violencia en el Cauca es que se ha vuelto a ver un elemento que durante el cese bilateral con el “EMC” pasaba con poca frecuencia: las confrontaciones entre Estado y disidencia – especialmente los combates – y las acciones militares de esta contra la infraestructura policial o militar, como el ataque sostenido contra la estación de Policía en Morales, en la que murieron dos policías, un recluso y otro civil, en el fuego cruzado.
Ese mismo día, el frente Jaime Martínez también atacó la estación de Policía de Suárez y la de Dagua (Valle del Cauca), y pusieron una motobomba contra un hotel donde suelen residir miembros de la Policía Nacional en la cabecera de Jamundí (Valle del Cauca). Días antes, una moto bomba en una vía rural de Mirando, Cauca, mató a dos personas e hirió a otra.
Cabe recordar que entre julio y mediados del octubre del 2023 – cuando tampoco había un cese entre el “EMC” y el gobierno – fue este mismo frente uno de los más activos militarmente y con varias acciones contra el Ejército y la Policía, incluyendo una carrobomba en Timba (corregimiento de Buenos Aires), contra la estación de Policía. Por eso, la Defensoría del Pueblo advirtió en octubre de 2023 que otro escenario sin cese traería afectaciones para la población civil.
La intensificación de la violencia ha tenido efectos humanitarios, como el desplazamiento forzado y el confinamiento de cientos de familias en dos puntos de Argelia, en abril; el desplazamiento de cerca de 30 familias en Caloto, a comienzos de mayo; y el confinamiento de cerca de 350 personas en una iglesia en Suárez, por confrontaciones entre el frente Jaime Martínez y el Ejército.
Este incremento en la violencia y su transformación después de la suspensión del cese bilateral era de esperarse. Además, el presidente Petro ha dicho que la ofensiva contra la BOCJA en el Cauca será “total”, lo cual significa que esta violencia seguirá siendo un constante.
Pese a que no tiene tanto protagonismo como antes, cabe señalar que continúan las confrontaciones entre grupos armados ilegales, incluyendo el Frente 57, una unidad disidente del BOCJA que ha entrado al norte de Cauca y ha atacado a la población civil, aunque lo ha negado en comunicados. También el ELN y la Segunda Marquetalia están enfrentados con el BOCJA en el sur y el norte del departamento.
Por lo tanto, es fundamental que la Fuerza Pública implemente la política de seguridad que el Ministerio de Defensa planteó hace un poco más de un año, en particular los aspectos de la protección de la población civil.
El peor escenario para el Cauca, en este momento, sería que la situación para las comunidades esté aún peor sin el cese.
Esta unidad de lo que se conocía como el “EMC” era la más poderosa en términos militares y económicos, hasta la ruptura de la organización en abril de esto año; después de esta, lo sigue siendo también. Según datos del Estado, este bloque tendría alrededor de 1.500 miembros, entre combatientes y milicianos.
Su poder económico ayuda a explicar su poder militar, pues le permite comprar armas de alto calibre, por ejemplo, y vehículos de alta gama que le permite moverse fácilmente por la zona y llevar a cabo ataques como el de Morales. De todas formas, hay mucha variación entre sus unidades y sus relaciones con actividades económicas ilegales: varias tienen vínculos con el narcotráfico, aunque por la crisis de la comercialización de la cocaína, éstos han cambiado. También han diversificado sus rentas, como el Frente Carlos Patiño, con la minería ilegal.
En términos organizacionales, el BOCJA hace parte del ala de lo que era el “EMC” que ya no hace parte de las negociaciones. Dice que su posición no es en contra de negociaciones per se, sino que exige un cese bilateral con todas las unidades ahora fuera de la mesa como prerrequisito para sentarse a dialogar, algo inaceptable para el presidente en este momento.
El BOCJA ha dicho que sigue las directrices de ‘Iván Mordisco’, quien sigue siendo jefe de las unidades del “EMC” que están fuera de las negociaciones: El BOCJA, el Bloque Amazonas y el Bloque Central Isaías Pardo (la existencia de la totalidad de las unidades que harían parte de esta unidad todavía no está confirmada). El Comando Conjunto del Oriente no está en la mesa en este momento, pero es posible que sea un caso aparte.
Finalmente, recientemente, el BOCJA ha afirmado que las otras unidades que siguen en la mesa – el Bloque Jorge Suárez Briceño, el Bloque Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes (la parte del Frente Carolina Ramírez que sigue vinculado a las negociaciones) – solo representan el cinco por ciento de lo que era el “EMC”.
Sin embargo, esto simplemente no es cierto: el Jorge Suárez Briceño, por ejemplo, era el segundo bloque más grande del “EMC”. La proporción de los que no están en la mesa frente a los que sí sería más cerca de 65 % versus 35 %, respectivamente.
Con las unidades de lo que era el “EMC” en la mesa, el enfoque de la negociación ahora son las transformaciones territoriales. Comandantes como ‘Calarcá’ – jefe del Bloque Jorge Suárez Briceño – son conscientes de que el nuevo balance de poder en la mesa es mucho más desfavorable para ellos y por lo tanto solo pueden aspirar a éstas.
Un primer reto es terminar de definir quién negocia y quién no. Algunas unidades originalmente se mostraron interesadas en seguir, pero por eventos en la confrontación con las fuerzas estatales, se alejaron de la mesa.
Si vuelven, depende de quién es y su relación con los que aún están negociando. Por ejemplo, si ‘Mordisco’ busca volver a la mesa en bloque con las unidades que públicamente han dicho que lo apoyan, probablemente tendrá que ser en un proceso aparte del existente. Pero si otras quieren volver individualmente, por rupturas futuras u otras más pequeñas, puede ser válido considerar incluirlas en el proceso actual.
De todas formas, hay otros temas que tienen que incluirse lo más pronto posible. Primero, la dejación de armas. Aunque ‘Andrey’ (jefe del Frente 33 y representante principal del Bloque Magdalena Medio) y ‘Calarcá’ han dicho que una línea roja es la “entrega de armas”, es probable que no estén en contra de todas las posibles formas de dejarlas, sino más bien rechazan un proceso semejante al de las FARC-EP viejas.
Igual, tiene que quedar aún más claro ahora en la mesa que se implementarán las transformaciones territoriales – algunas inmediatamente y otras más adelante – a cambio de que el grupo deje sus armas.
Será importante incluir la reincorporación de los disidentes, especialmente la de los mandos medios. En este caso también los negociadores de la disidencia han expresado una resistencia al modelo de reincorporación de las FARC-EP viejas, lo cual será un desafío. Pensar un proceso de esta con un componente ambiental puede considerarse, especialmente si es para reparar el daño ambiental cometido y permitido por el grupo.
Finalmente, la justicia transicional es necesaria. Recientemente, ‘Calarcá’ dijo que aplicarle la justicia por solo ser guerrillero (en sus palabras) sería otra línea roja. Sin embargo, es probable que se puedan encontrar formulas basadas principalmente en la justicia restaurativa y que se les aplique a ambas partes en la mesa, que serían aceptables para la disidencia y el gobierno. De lo contrario, el proceso terminaría siendo inviable políticamente.
La viabilidad política de un proceso de paz normalmente es un factor central en los cálculos de las partes durante una negociación. En Colombia, el hecho de que cualquier presidente no puede tener más de un periodo de cuatro años le pone retos de tiempos a las negociaciones: éstas muy frecuentemente duran más de cuatro años.
Por lo tanto, en el caso de la mesa actual, lograr su continuidad en otro gobierno es quizá la meta más factible en este momento. La viabilidad política así coge otro sentido para el proceso y los temas pendientes de negociar.
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