El inflado del Gobierno con el “plan” de las disidencias y el ELN en los CAIs de Bogotá *

El abuso policial que mató a Javier Ordóñez la noche del 8 de septiembre en Bogotá desató una ola de protestas que dejó más de 70 CAIs entre quemados o destruidos. El Gobierno ofreció una sola explicación: los desmanes responden a un “claro y premeditado plan del ELN y las disidencias de las Farc”, dijo tres días después el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

La Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, anunció la captura de los dos patrulleros investigados por la muerte de Ordóñez. También señaló a cinco personas –cuatro ya fueron capturadas– como miembros de un “colectivo urbano” al mando de Gentil Duarte, uno de los líderes de las disidencias de las Farc.

La Fundación Conflict Responses, CORE, y La Liga Contra el Silencio se unieron para averiguar qué tan cierto es este “plan” y si realmente puede explicar lo que pasó en esos días negros en Bogotá. Una fuente de la Fiscalía que trabaja en la investigación nos dijo que sólo tienen evidencia concreta de la participación de las disidencias en dos de los 70 CAIs afectados (de los 256 que hay en la ciudad). Y otra fuente que adelantó esta investigación hasta febrero desde la Fiscalía nos dijo que no hay información sólida sobre la participación del ELN ni la disidencia de Iván Márquez en estos hechos. Y es que, así quisieran, ninguno de estos grupos tiene la capacidad para lograr un ataque así en este momento en Bogotá.

La evidencia apunta más al 21N, que al 9S

La Fiscalía le viene siguiendo la pista a lo que llaman “colectivos urbanos” desde febrero del año pasado, cuando, en el operativo en el que cayó Rodrigo Cadete –un aliado clave de Duarte– encontraron archivos en los que según la entidad, “estaban los lineamientos de creación de ‘colectivos’ o ‘unidades solidarias’”, de Gentil Duarte e Iván Mordisco.

Según estos lineamientos, los ‘colectivos’ son grupos de máximo cinco personas que hacen adoctrinamiento y reclutan estudiantes universitarios y jóvenes para “instrumentalizarlos en la ejecución de actos vandálicos, ataques a la fuerza pública, movilizaciones y bloqueos en las ciudades”.

El articulador del “colectivo” sería Wilson Reinel Moreno, alias Martín, cabecilla del frente segundo Manuel Marulanda Vélez y quien, según la Fiscalía, seguía instrucciones directas de Duarte. Ese frente es una pata de la disidencia de Duarte.

Aparte de Martín, que está preso desde febrero del 2020, la semana pasada la Fiscalía capturó a cuatro personas: Julio Ernesto Villarraga Trujillo, alias Justo, un hombre de 73 años reconocido en Kennedy como un líder social, quien según la Fiscalía se hablaba con ‘Martín’ y señalan como el principal reclutador de jóvenes; Érika Lorena Flórez, de quien dicen que ubicaba estudiantes en las universidades públicas y privadas para sumarlos a la causa; Greyssi Alexandra Perilla, alias La Pola, a quien le atribuyen la creación del “colectivo” y de crear un protocolo de intervención a las marchas; y Miguel Andrés Parga, alias ‘El Profe’, que resultó siendo un abogado que trabajaba en el Departamento de Prosperidad Social, DPS.

“Falta por vincular a más personas. Sé que son aproximadamente 13 las que conforman esta red urbana de guerrilla”, dijo Claudia Carrasquilla, quien fue directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía desde julio de 2019 y fue quien dirigió toda la investigación hasta febrero, cuando Barbosa le pidió su renuncia.

“Esto es una red criminal. Hay un gerente principal, unos gerentes regionales y unos directores. El cabecilla es Duarte. Tenemos estos 13 que hacen parte de la red y ellos tienen coordinadores en universidades, en barrios, en grupos sociales o culturales, que empiezan a venderles la idea de hacer oposición al Gobierno y de generar caos”, agregó.

Es más la evidencia que tiene la Fiscalía de supuestas infiltraciones de los capturados el año pasado en las marchas del 21N, que en los daños a los CAIs hace un par de semanas. Por las marchas del 21N los señalan de participar en bloqueos, daños al portal de Transmilenio de Las Américas y enfrentamientos con Fuerza Pública en Patio Bonito y Tintal. Mientras que por la destrucción de los CAIs sólo tienen evidencia en dos de los más de 70 afectados: el de Roma, en Kennedy y el de la Soledad en Teusaquillo.

La Fiscalía dice tener interceptaciones en las que supuestamente los capturados planearon una reunión para atacar el Cai de Roma. Y sobre La Soledad, tienen audios en los que dicen que queda probado que alias ‘El Profe’ coordinó las acciones y que luego de la quema está riéndose y celebrando.

Pero que quieran desestabilizar no significa que lo puedan hacer y menos en cuestión de horas.

Primero, porque es un grupo con una operación muy reciente. Y es poco probable que ya hayan alcanzado más capacidad en las ciudades que la que pudo tener las Farc en su mejor momento.

“La máxima capacidad que logramos para atacar CAIs hubiera alcanzado para atacar cinco a la vez y sólo hostigarlos. Ni siquiera destruirlos”, dijo el senador de Farc Carlos Antonio Lozada, que comandó durante 19 años las milicias urbanas de las Farc en Bogotá. “Para atacar y destruir más de 70 CAIs de manera simultánea se requiere por lo menos una fuerza entre 300 y 350 hombres en armas”, agregó. Un especialista en seguridad que les hizo inteligencia por años en la ciudad nos corroboró este cálculo.

En su mejor momento, entre 1996 a 2002, “llegamos a ser entre 350 y 400 personas de núcleo duro. Eso es entre estructuras del partido, gente de la Milicia Bolivariana y de las propias estructuras guerrilleras”, dice Sergio Marín, quien también hizo parte durante 12 años de estructuras de apoyo logístico en Bogotá para esa guerrilla.

Es decir, es difícil pensar que si máximo 400 personas no tuvieron la capacidad de coordinar un ataque como el del 9 de septiembre sí la tengan 13, quienes a su vez contratarían a otros, como señala la Fiscalía.

Obviamente las Farc tuvieron la capacidad de poner bombas como la del Club El Nogal en 2003 o la de la Escuela de Guerra en 2006 y eso es mucho más difícil que atacar un CAI. Pero, en acciones como la del Nogal, “su ejecución no requiere de más de 2 o 3 unidades. Mientras que para atacar un CAI... se requiere una inteligencia menos elaborada, una logística menos sofisticada, pero demanda más gente en la medida en que van a buscar el enfrentamiento con un enemigo armado y se deben poner aseguramientos armados para garantizar la retirada”, explica Lozada.

Segundo, el trabajo urbano guerrillero es supremamente complejo en cuanto a lo logística y la organización por lo que requiere cuadros muy bien entrenados. Los miembros de los diferentes cuadros no se conocían y no sabían cuál era la operación por hacer. Este secretismo evitaba que la información se filtrara y dificultaba el trabajo del Estado, que los infiltraba con frecuencia.

Lozada también señala que los cuadros “siempre caían por comunicaciones” y que nunca planeaban nada por teléfono. Se reunían en persona para discutir los planes. La Fiscalía tiene videos de los supuestos disidentes reunidos, pero sin audio, lo cual imposibilita saber qué discutían exactamente.

Otro problema para las Farc durante la guerra fue “la escasez de cuadros que conocieran la ciudad”, nos dijo Lozada. “Cualquier comandante que en el monte le dirigía 100, 150 unidades, en la ciudad no tenía los conocimientos, a no ser que durara muchos años con esa formación para dirigirle una estructura que máximo era de 15 o 20 personas”, agregó Marín.

Falta sumar un factor clave: el tiempo. El trabajo urbano requiere de mucha planeación. Eso significa que así la disidencia estuviera previamente coordinada, tuvo máximo 24 horas para reaccionar entre la muerte de Ordóñez y la destrucción de los CAI. Si hubieran tenido un “plan premeditado”, según un especialista en seguridad de alto nivel que les hizo inteligencia por años en Bogotá, sus acciones habrían reflejado una manera única de actuar que él no ve en los hechos del 9S, como haber usado una misma arma en todos los CAIs o que el paso a paso para atacarlos fuera el mismo en todos lados.

Esto no quiere decir que no haya presencia de las disidencias en Bogotá. “Duarte tiene que estar aquí pero no porque tenga gente para una toma… Bogotá es como la capital de todos los grupos porque consigues lo último en tecnología, el acceso a uniformes, a armamento”, nos dijo la fuente especializada en inteligencia.

La disidencia del Frente 10, que está coordinada con Duarte, es la que ha hecho acciones en la ciudad y alrededores. En septiembre de 2019, quemó dos buses intermunicipales, uno en Soacha y otro en la vía Bogotá-Girardot. Tres personas fueron capturadas, quienes, según diferentes fuentes, al parecer fueron contratadas por este frente. En julio, tres agentes de la SIJIN resultaron heridos en Soacha en un ataque que la Fiscalía también ha atribuido a ese frente.

En agosto, la Defensoría advirtió de la presencia de este grupo, especialmente a través de la contratación y “cooptación de estructuras locales”.

La subcontratación de estructuras criminales locales por parte de esa disidencia parecería validar la tesis de la Fiscalía. Incluso la alcaldesa Claudia López dijo luego de las marchas el 21 de enero de este año, en las que también hubo daños, que “la Policía tiene evidencia muy sólida...que son infiltrados pagados por grupos armados ilegales. Casi todos ellos, los seis que estamos judicializando, por grupos residuales o disidencias”.

Todas las fuentes con las que hablamos reconocen que personas de las disidencias probablemente participaron en los desmanes. Pero hay un trecho grande entre usar a grupos de delincuencia común para quemar unos buses o atacar dos CAIs, que es sobre lo que hasta ahora tienen evidencia, y orquestar un ataque simultáneo a más de 70 CAIs.

Si hay dudas sobre “el plan” de las disidencias, hay aún menos certezas sobre el involucramiento del ELN.

El ELN, aún menos evidencia

En la investigación que adelantó Claudia Carrasquilla en la Fiscalía hasta febrero no había nada del ELN ni de la ‘Segunda Marquetalia’, la disidencia de Iván Márquez y Jesús Santrich, vinculado a los ‘colectivos urbanos’.

“No descarto lo del ELN porque de todas maneras está claro que en el material que se incautó mientras yo estuve en la Dirección de Crimen Organizado se estableció que su doctrina urbana es traer el conflicto a la ciudad y para eso tienen triadas en las universidades, grupos sociales, etc, que hacen trabajo de reclutamiento y doctrina. Pero en este último proceso que se llevó en la Fiscalía es claro que esto proviene es de las disidencias del séptimo y del primero”, le dijo a CORE y la Liga contra el Silencio.

Aunque en la Fiscalía no hay evidencia sólida, tanto el Gobierno como varios medios de comunicación han vinculado al ELN y al grupo de Márquez en los hechos del 9S y 10S.

Existe una supuesta interceptación en la que alias ‘La Pola’ le dice a alias ‘Martín’ que hicieran alianzas con el ELN y el EPL, pero la Fiscalía no tiene evidencias de que eso se concretó.

Tampoco sobre la Segunda Marquetalia. Lo que tienen dentro de la investigación es “una comunicación en febrero en donde la gente de este colectivo indica que con la Segunda no van más y que sólo quieren plata. Tenemos información de esa ruptura, pero que nosotros hayamos tenido evidencia de ellos en esto de los CAIs no”, dijo la fuente conocedora de Fiscalía que nos habló con la condición de no ser citada.

Aún así, el Gobierno de Iván Duque sí ha señalado al ELN, aunque su versión frente al rol de esa guerrilla ha sido inconsistente. El 12 de septiembre, tres días después de los hechos, tanto el Alto Comisionado Ceballos como el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, lo incluyeron dentro de la narrativa del “plan premeditado”.

A los tres días, Pablo Beltrán, miembro del Comando Central y jefe de la delegación del ELN en La Habana, Cuba, salió a decir que esa guerrilla no participó en las protestas.

A eso se sumó el comunicado del 21 de septiembre del Frente de Guerra Urbano Nacional (FGUN), la unidad que el ELN ha buscado construir para unificar su trabajo urbano, en el que dijo que el Gobierno estaba buscando ”pruebas” inexistentes que liguen a los manifestantes con nuestra organización”.

Cuando ya la implicación al ELN se estaba quedando sin aire, alias Uriel, vocero del Frente de Guerra Occidental (FGO), que opera principalmente en Chocó, mandó un audio el 24 de septiembre en el que afirma que “milicias” participaron “como uno o una más” en las protestas.

Desde entonces, el Gobierno y varios medios de comunicación usaron esa declaración como prueba reina. Trujillo trinó que “Terroristas del ELN que reconocieron participación en destrucción de CAIs en Bogotá, la comisión de múltiples delitos, y ataque masivo, premeditado y doloso contra la @PoliciaColombia…”. Miguel Ceballos reiteró sus denuncias anteriores, clasificándolas como hechas “oportunamente”.

Pero lo que dijo Uriel no es una prueba reina. Según tres fuentes que conocen el ELN a fondo, no tiene cómo saber quién participó de esa guerrilla, porque el FGO no actúa en Bogotá.

Tampoco está autorizado para hablar de las acciones de otras unidades, incluso las urbanas. El hecho de que se haya pronunciado muestra que quiere estar en medios, hacer publicidad e inflar el poder real del ELN. Tanto que dos fuentes lo describieron como un “youtuber” o el “Maluma” de esa guerrilla.

Además, Uriel contradice directamente a Beltrán, que es la voz oficial del Comando Central del ELN en este tema y no es la primera vez que dice cosas cuestionables. Por ejemplo, en 2018, dijo que en Chocó el ELN solamente cobra un impuesto al narcotráfico. Numerosas fuentes en el departamento, al contrario, dicen que el ELN trabaja directamente con narcos para mover droga y usan emisarios para organizar envíos de cocaína hacia Panamá por tierra. Además, Uriel ha afirmado que el FGO está representado en la mesa de diálogo con el Gobierno, aunque una vez que Pablo Beltrán fue a la zona no lo recibieron.

Para justificar el argumento de la infiltración del ELN, el Gobierno tiene seis documentos internos de esa guerrilla que hablan de una estrategia para operar en escenarios urbanos. Dos de ellos son del 2015 y hablan del pasado y los planes a futuro del Frente de Guerra Urbano Nacional. Los otros cuatro hablan de lo que el ELN cree que debe hacer en los escenarios urbanos en términos de apoyar, fortalecer y hacer parte de los movimientos sociales. Sin embargo, no dan ninguna evidencia de que lo haya logrado, y todo parece indicar que no.

Según un excomandante de esta guerrilla, el grupo tenía su mayor presencia en Bogotá a finales de los 80s pero entre 1996 y 2000 decidió acabar con las milicias urbanas como estructura porque empezaron a cometer varios delitos sin instrucciones de la comandancia.

En 2006, en su IV Congreso, decidieron crear el FGUN para reconstruir sus unidades urbanas, pero su estrategia no ha sido muy exitosa en distintos sentidos. En 2015, en un documento interno, presenta un análisis de cierto progreso en lograr sus metas, como su organización interna relativamente estable y ser “animadores” de la movilización social.

Por otro lado, señala problemas en lo militar y lo económico. También menciona “situaciones irregulares y conflictivas por trabajos paralelos de los (Frentes de Guerra) en las ciudades”.

Este problema estaba bastante claro en Bogotá. Hasta 2015, el Frente de Guerra Urbano Nacional no había sido muy activo militarmente, y el Frente de Guerra Oriental –desde Arauca– era quien realizaba acciones militares, como la bomba contra el CAI de Lourdes en junio del 2014.

Entre 2015 y 2019 lograron realizar varios atentados en Bogotá, pero éstos incluso son indicio de lo difícil que les iba con su plan porque las unidades urbanas no pudieron hacerlos solas. Por una parte, algunos petardos en la capital los puso el Frente de Guerra Oriental. En otros casos, como el de la bomba contra el Esmad en La Macarena en febrero de 2017, lo hicieron en conjunto con la MRP, un grupo de universitarios que trataron de venderse como una tercera opción aparte de las FARC y el ELN. El MRP, por su parte, a veces trabajaba con el ELN pero nunca hizo parte real de esa guerrilla.

En esa época y a raíz de varias capturas hechas en la ciudad, muchos miembros del FGUN se fueron de Bogotá y lo que ha quedado es un “grupúsculo” de jóvenes que apenas pueden poner un petardo panfletario, según dos fuentes que conocen al ELN por dentro. Es por eso, señalan, que el carrobomba contra la Escuela de Policía General Santander, en enero de 2019, lo llevaron a cabo unidades enviadas desde Arauca.

Todo lo anterior muestra que esta guerrilla no tiene la capacidad que el Gobierno le atribuye en este momento en la ciudad. “Se necesitarían 60 células independientes y compartimentadas para guardar el secreto, se necesitaría una estructura de una perfección inusitada. Cada cédula debería estar conformada por una triada, eso es mínimo 180 personas con un nivel de entrenamiento, de capacidad y de organizar masas alrededor. Se necesita mucha gente organizada con capacidad bélica y eso es lo que no existe”, nos dijo un excomandante de esa guerrilla.

Lo más probable: una olla de presión

Definitivamente no hay una sola explicación que englobe lo que pasó, sino una confluencia de factores que influyeron para que la gente protestara y para que algunos actuaran violentamente contra los CAIs.

La chispa que sacó a la gente a la calle fue la muerte de Ordóñez, pero la rabia ya venía latente. La calle se apagó por el Covid, pero la inconformidad con el Gobierno Duque no. Tampoco desapareció la capacidad de movilización que llevó al 21N. La convocatoria para salir esta vez se hizo por grupos de WhatsApp que ya estaban creados desde el año pasado, por Facebook y Twitter y sin una cabeza visible detrás.

“Salieron muchas convocatorias a todos los CAIs. Se viralizó en redes y por grupos que ya se habían creado con lo del 21” nos dijo un joven que estuvo en las movilizaciones del CAI Verbenal (en las que la Policía mató a tres jóvenes). “En Verbenal la gente dice que la Policía sabe quienes son los jíbaros, quienes expenden drogas, conocen a los dueños del microtráfico y nadie hace nada. Yo no vi gente orientando.”

“No existió una convocatoria específica para que el movimiento estudiantil saliera. Fue por todas las redes que la pandemia ha potenciado”, nos dijo Jenny Romero, líder estudiantil de la Universidad Nacional. “Las personas salieron a movilizarse por el abuso policial… No creo que existan grupos para romper CAIs, uno puede coordinar movilizaciones y que le salgan 200 personas, pero a veces la espontaneidad se da de unas formas muy particulares en las que pueden llegar mil personas a un lugar sin siquiera organizarlo”, agregó.

“Dicen que somos clandestinos, que desarrollamos instrucción en producción de explosivos y milicias urbanas y que estamos dentro de la estrategia de ELN y disidencias. La afirmación es absurda. Primero no somos clandestinos. Llevamos cinco años actuando públicamente, salimos como grupo. Esto es una estrategia de retaliación en donde quieren cambiar el foco del debate público de la brutalidad policial al movimiento estudiantil”, nos dijo Christian Hurtado, vocero nacional de Juventud Rebelde, un colectivo señalado por el Gobierno y la Policía de infiltrar las marchas.

Todo lo anterior no significa necesariamente que no haya habido infiltrados o grupos organizados radicales dentro de las protestas, pero sí implica que no hubo un plan premeditado de destrucción.

No es solamente la muerte de Javier Ordóñez lo que generó tanta indignación en la sociedad, sino la manera como lo mataron los policías y el video que quedó de prueba. Una violencia que recordó a la que usó el Esmad contra Dilan Cruz el año pasado, en un caso que hoy sigue impune y bajo la justicia penal militar.

También la relación entre los bogotanos y la policía ha ido en decadencia en los últimos años. La gente que confía en ellos ha caído del 52 % en 2004, al 25 % en 2020, según datos del Barómetro de las Américas de LAPOP. Otras cifras también preocupan. Según datos de la Personería de Bogotá, han recibido sólo este año 376 peticiones y quejas por presunto abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, actos de estigmatización, discriminación o xenofobia por parte de la Fuerza Pública. 202 de ellos, entre el 9 y el 14 de septiembre, a partir de la muerte de Ordóñez. En 2019 fueron 331, en 2018, 153 y en 2017, 207.

Siete presidentes de junta de acción comunal de barrios con CAIs afectados coincidieron en que no tienen información de que hayan intentado reclutar jóvenes en sus barrios y en que hay una indignación enorme contra la Policía, que en muchos casos se traduce en total desconfianza. “Históricamente acá ha habido abusos de la Policía. Antes del 9 había muchas cosas como llamé a la Policía y no llegó, no sirven”, nos dijo una. Dice que están acostumbrados a que no existan y que en una reunión que hubo después de los desmanes a la que fueron varios jóvenes, “es entre que o los odian o ni les va ni les viene, pero ninguno los respeta”.

La ira de muchos jóvenes va más allá de la Policía. También tiene que ver con una desesperación por falta de oportunidades. El desempleo juvenil en la ciudad ha venido creciendo y la pandemia ha hecho que uno de cada tres esté sin trabajo.

El encierro también pudo jugar un rol. En localidades donde hubo más CAIs afectados como Kennedy o Engativá han tenido que vivir cuarentenas más estrictas y eso ya había generado inconformidad entre la gente, como lo muestran las protestas y saqueos de abril y agosto de este año.

Además, desde finales del 2019 hay una ola internacional de protestas que han tenido un efecto dominó en varios países. Particularmente en Estados Unidos y Chile se han presentado movilizaciones contra el abuso policial. Esa influencia se refleja en algunos de los chats que promueven las protestas y que usan la sigla “ACAB” –All Cops Are Bastards, Todos los policías son bastardos– una frase que ya desde el año pasado era común entre los jóvenes.

También resulta clave diferenciar las actuaciones sobre los CAIs ‘afectados’: 32 sufrieron daños como vidrios rotos o grafitis y 19 fueron incendiados, lo cual, según videos de las protestas, no requería un gran esfuerzo coordinado. Aunque dos líderes barriales sí mencionaron que llegaron personas de afuera de sus barrios para hacer los desmanes y que notaron coordinación porque “todos llegaban en bicicletas y unos iban adelante campaneando y avisando a los demás”, como nos dijo una presidenta de junta en Kennedy. Es posible que estas personas pertenezcan a organizaciones radicales que a menudo hacen desmanes en las protestas, pero sin vínculos a los grupos armados.

La rabia se enfocó en los CAI por tres razones probables. Primero, la percepción de estos lugares como “lugares de tortura”, como lo describían varios líderes. Segundo, imágenes tempranas publicadas en redes sociales mostraban como manifestantes intentaron destruir el CAI de Villa Luz, donde fue asesinado Ordóñez. Tercero, la Policía mató a Ordóñez no con el taser, sino dentro del CAI, lo que puso la atención de los manifestantes hacia estas estaciones.

Entonces, aunque no se puede negar la posibilidad de que algunos miembros de células urbanas de disidencias de las FARC o el ELN hayan participado en los desmanes, es difícil concluir que esa posible participación se tradujo en un plan premeditado y sistemático para destruir todos los CAIs y generar caos. Estos grupos no tienen la gente, ni la capacidad, ni el tiempo, ni la logística para hacerlo. Asegurarlo, en cambio, implicaría que el Gobierno que se hizo elegir en parte gracias a su bandera de seguridad, dejó crecer exponencialmente a estos grupos armados ilegales en la capital, donde siempre han tenido injerencia más que todo logística.

*Texto publicado originalmente en Cerosetenta

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/un-plan-improbable-eln-y-disidencias-contra-la-policia/