El plan de Cristo retoma, al fin, la implementación del Acuerdo con las Farc *

Kyle Johnson

5 de octubre de 2024

La llegada de Juan Fernando Cristo al gobierno de Petro produjo, en muchos círculos, optimismo frente a la implementación del Acuerdo de Paz del 2016. Conocedor del mismo y un político capaz de negociar con congresistas y ministros, ese optimismo parecía justificado.

¿Qué contiene el plan de choque?

Estos son los seis puntos centrales del plan:

1. Pactos territoriales, que incluyen los Pdet, pero que van más allá de su alcance original. Su objetivo es reformar los Planes de Acción de Transformación Regional (Patr) para responder de manera más efectiva a las necesidades locales, integrando al mismo tiempo las propuestas existentes en dichos planes. En este contexto, el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo es parte de estos esfuerzos.
2.  Acceso a tierras y los 16 planes sectoriales del Acuerdo de Paz. Centrales en el punto 1 de la reforma rural integral, el gobierno ha promovido el acceso a tierras de diversas formas en el país, incluyendo la entrega de tierras a las víctimas del conflicto —aunque las cifras exactas sobre el total de entregas aún no son del todo claras.
   A pesar de esta iniciativa del gobierno, los 16 planes nacionales han estado más estancados e incluyen numerosos aspectos del desarrollo rural necesarios para cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano en el país, como la educación, la salud, la infraestructura vial y la formalización de la tierra, entre otros.
3. Reestructuración y plena implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep). Este aspecto del Acuerdo, vinculado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, es de suma importancia porque aborda la seguridad de las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes. Aunque su funcionamiento no ha sido completo, proporciona herramientas valiosas para estas poblaciones, como el Decreto 660 de 2018, que se centra en la protección colectiva.
   Además, el Sisep incluye el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, cuyo trabajo en la emisión de alertas ante diversos escenarios de riesgo continuará siendo fundamental.

4. Desarrollo de la agenda legislativa. Esto incluye la implementación de la Jurisdicción Agraria, cuya ley estatutaria fue aprobada en julio de este año. También se contempla la Ley de Tratamiento Diferencial para los vinculados a pequeños cultivos ilícitos, que ha sido presentada en varias ocasiones desde la firma del Acuerdo, incluso en agosto de 2023, pero aún no ha sido aprobada. Además, una reforma política haría parte de este punto, la cual podría otorgar cuatro años adicionales de personería a Comunes, el partido creado por las Farc como resultado del Acuerdo.
5. El Acuerdo Nacional. El contenido del acuerdo se conoció el cuatro de octubre y, en él, se encuentran cinco puntos: la erradicación de la violencia en la política; el respeto a las reglas y el calendario electorales actuales; la aceleración de la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, incluyendo inversiones en las zonas Pdet; un crecimiento económico equitativo, incluyendo el desarrollo rural integral; y un trabajo legislativo de reformas sociales.
6. Gobernanza para la paz. Esta crea un gabinete para la paz y una comisión de implementación, ambos liderados por el Ministerio del Interior. Hasta ahora, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz ha venido liderando este tema, pero hay una percepción generalizada que realmente no ha logrado avanzar con su tarea en general, en parte por su incapacidad de convocar a las diferentes instituciones que tienen un papel en la implementación.

El plan de choque y la paz total

El plan de choque confirma que, bajo el gobierno de Petro, la implementación del Acuerdo de 2016 sigue atrasada y es parcial, pues se ha centrado en aspectos específicos, como la reforma rural. Este enfoque fragmentado resulta sorprendente, dado que Petro y su círculo fueron críticos del gobierno de Duque por tener una implementación también parcial, que decían que era prácticamente nula.

Pero lo más sorprendente es que algunos funcionarios del gobierno de Petro en eventos privados han afirmado que el Acuerdo de Paz en sí es la causa de la crisis humanitaria en el país. No atribuyen la situación a la falta de implementación, sino al Acuerdo mismo, una posición difícil de justificar, ya que simplifica excesivamente la realidad. Por un lado, ignora otras explicaciones relevantes, como la ineficacia de la política de seguridad durante la administración de Duque y, por otro, no compara la situación de seguridad antes y después del Acuerdo. Si bien la situación de seguridad es grave actualmente, hay varios aspectos que han mejorado en comparación con el periodo previo a la negociación. A pesar de ello, según estos funcionarios, es prioritario enfocarse en la paz total en lugar de avanzar con lo pactado en 2016. 

En ese sentido, el plan de choque implica un cambio significativo en la visión actual sobre la construcción de paz en Colombia: el Acuerdo de 2016 y la paz total no deben estar en competencia, sino que son, en realidad, complementarios. Sin embargo, cuánto se refleje esta visión en el gobierno en su totalidad es otro tema.

Ahora bien, vale la pena recordar la reunión de marzo de 2023 en Cartagena, a la que asistieron varios miembros del círculo de Petro y de Santos, a la que Santos fue y Petro no. Uno de los pocos puntos de concordancia entre los santistas y algunos petristas fue la necesidad de fortalecer la institucionalidad en la implementación del Acuerdo de 2016, así como contar con alguien de mayor peso político en este proceso. Dieciocho meses después, esto podría concretarse con Juan Fernando Cristo al frente del Ministerio del Interior.

Lo que no está claro es cómo se articulará el plan de choque, si es que lo hará, con la paz total y lo discutido en las mesas de negociación. Esto, teniendo en cuenta también que la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz (Occp) ha dado un giro regional en su enfoque de las negociaciones en términos de su alcance, centrándose en las transformaciones territoriales.

Estas transformaciones territoriales, o territorios de paz en el caso de la mesa con la Segunda Marquetalia, presentan un enfoque muy similar al planteado en el plan de choque, así como en los Pdet, los cuales se basaron en un amplio proceso de participación local. Este aspecto es central en las mesas con lo que era el “EMC”, ahora liderado por Calarcá, así como en la mesa con la Segunda Marquetalia y en la mesa con el ELN, que actualmente está suspendida.

Una de las dificultades que ya existe en los procesos de negociación ha sido el traslape geográfico y político de los mecanismos de participación en los diferentes procesos, especialmente en regiones como el sur de Bolívar, Catatumbo, Antioquia y Caquetá. Ahora, parece que con el plan de choque el Acuerdo de 2016 cobra mayor relevancia, lo que podría generar preocupaciones en las mesas de negociación.

Sin embargo, esto no es del todo negativo. Si el gobierno logra avanzar con la implementación, podría enviar un mensaje de que es capaz de cumplir con los acuerdos, lo cual es crucial para que los grupos armados involucrados en la paz total tengan algo de confianza en la capacidad implementadora de este gobierno.

Al mismo tiempo, se envía un mensaje claro: se realizarán transformaciones territoriales con o sin los grupos armados que están negociando. Si estos grupos perciben que su espacio para participar y acordar cambios importantes a nivel territorial se está cerrando, se genera una situación de espada de doble filo: o toman más en serio sus negociaciones y lo que pueden lograr en ellas, o incrementan su desconfianza hacia el gobierno y su disposición a hacer la paz.

Por último, el plan de choque plantea una pregunta política crucial para Petro—quien seguramente ya está considerando su legado—su gobierno y la Occp: si la paz total no es posible, ¿qué tipo de paz se debe buscar? La Occp está apostando por “paces” regionales durante este gobierno, pero hay una percepción generalizada entre analistas y observadores de que estas no se lograrán, salvo tal vez en el caso de los Comuneros del Sur en Nariño. ¿Será entonces aceptable una paz total limitada, pero con mayores avances en la paz con las Farc, a pesar de las críticas que ha enfrentado el gobierno en diferentes momentos?

Para Colombia, independientemente del balance entre los avances en las mesas de paz total y la implementación del Acuerdo de 2016, cuanto más se logre en esta última, más beneficiará al país.