Foto: Tomada de un video de los Comandos de la Frontera
Juan Pappier y Kyle Johnson
26/Julio/2022
l gobierno de Gustavo Petro deberá enfrentar múltiples desafíos en materia de seguridad dado que la violencia por parte de grupos armados en el país ha aumentado gravemente en los últimos años. Uno de estos desafíos consiste en evaluar si los gobiernos anteriores han analizado correctamente si existe un conflicto armado en el país y con cuáles grupos.
El controversial operativo del Ejército realizado en marzo en la vereda de El Remanso, en Putumayo, ilustra los desafíos y la importancia de garantizar que este análisis se realice de forma adecuada. Como sabemos, durante el operativo murieron 11 personas, incluyendo varias que parecen ser civiles. El Ejército alegó que el operativo cumplió con el derecho internacional humanitario e indicó que los muertos eran “criminales” y que la operación se había dirigido a un grupo armado conocido como Comandos de Frontera.
Esta publicación, que es la continuación de un artículo anterior publicado también en La Silla, analiza si efectivamente el derecho internacional humanitario (DIH) era aplicable en ese enfrentamiento o, en otras palabras, si existe un conflicto armado entre el Gobierno colombiano y los Comandos de la Frontera. Esta no es una pregunta simplemente teórica. Normalmente, los gobiernos deben enfrentar situaciones de violencia respetando el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, cuando existe un conflicto armado se aplica también el DIH, el cual es más permisivo con el uso de la fuerza letal.
Además, la importancia de esta pregunta va mucho más allá de la situación en Putumayo o del operativo particular en El Remanso. La determinación acerca de si los grupos armados que existen en el país satisfacen los estándares jurídicos internacionales para ser considerados parte de un conflicto armado es clave para concluir cuáles estrategias de seguridad se deben aplicar y si se han estado implementado las reglas de enfrentamiento apropiadas, incluso en las controversiales operaciones en las que han muerto menores en las filas de los grupos armados.
Según el derecho internacional, la existencia de un conflicto armado no internacional depende de que se cumplan dos requisitos: que las hostilidades alcancen un nivel mínimo de intensidad y que los grupos armados no estatales estén suficientemente organizados. Es importante destacar que a diferencia de lo que ha sugerido el gobierno de Iván Duque la motivación de los grupos armados es irrelevante para este análisis.
El Cicr y el gobierno colombiano coinciden en que el derecho internacional humanitario es aplicable a los enfrentamientos entre el gobierno y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) así como con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El consenso es menos claro con respecto a cómo caracterizar los enfrentamientos entre el gobierno y las más de 30 disidencias de las Farc que operan en el país. Desde 2017, el gobierno colombiano sostiene que todas las disidencias de las Farc son parte en un conflicto con la fuerza pública y están alcanzados por las reglas de enfrentamiento militar conforme al DIH. El gobierno trata a todas las disidencias (a las que llama “grupos armados organizados residuales”) como un mismo grupo al cual se le aplica el DIH, una decisión absolutamente cuestionable con arreglo al derecho internacional.
En cambio, el Cicr considera que sólo algunas disidencias son parte de un conflicto con el gobierno. Se trata de los grupos a los cuales el Cicr denomina “antiguas Farc-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz”. Es una coalición originalmente liderada por “Gentil Duarte”, quien murió recientemente en Venezuela. En nuestra opinión, esta coalición incluye a aproximadamente 20 “frentes”, “columnas móviles” o unidades, incluso muchas que son coordinadas por agrupaciones locales a las que llaman “comandos”.
El Cicr también considera que en tres escenarios existentes en Colombia los enfrentamientos entre grupos armados constituyen un conflicto armado. En particular:
• El ELN contra las AGC;
• la coalición de grupos disidentes de las Farc liderada originalmente por Gentil Duarte contra la Segunda Marquetalia;
•y la coalición de grupos disidentes de las FARC liderada originalmente por Gentil Duarte contra los Comandos de la Frontera en el departamento de Putumayo.
Hasta donde tenemos conocimiento, el gobierno colombiano no ha clasificado formalmente ninguna disputa entre grupos armados como un conflicto armado. Sin embargo, eso en última instancia sería irrelevante dado que, conforme al derecho internacional humanitario, la determinación de la existencia de un conflicto armado no internacional depende de los hechos y no de la clasificación que realice el gobierno.
Lo que conocemos en la actualidad con el nombre de Comandos de la Frontera fue inicialmente un grupo más pequeño formado en 2017 conocido como Los de Sinaloa y, meses más tarde, como La Mafia 48. En función de nuestras entrevistas con fuentes locales y según surge del análisis realizado por la Defensoría del Pueblo de Colombia, el grupo fue formado por excombatientes del Frente 48 de las Farc, así como por miembros de una organización delictiva local conocida como La Constru. A fines de 2020, La Mafia 48 cambió su nombre por el de Comandos de la Frontera. Al menos desde 2018, las autoridades colombianas la han considerado públicamente parte de un conflicto armado, y se refieren a los Comandos como un “grupo armado organizado residual”, presuntamente debido a su vínculo con las desmovilizadas Farc.
Desde su creación, el grupo ha operado principalmente a lo largo de la frontera con Ecuador y ha estado activamente involucrado en actividades de narcotráfico. Como lo manifestó recientemente uno de sus combatientes al New York Times, “No es como una guerrilla que trabaja por una idea… Todo es por dinero”.
En febrero de 2021, la Segunda Marquetalia y los Comandos anunciaron en un comunicado que habían “realizado [una] reunión nacional de coordinación y unificación de esfuerzos y propósitos político-militares” y que los Comandos se habían unido a la Segunda Marquetalia. Agregaron que un representante de los Comandos había sido incorporado a la Dirección Nacional de la Segunda Marquetalia, su máximo órgano de mando. A partir del anuncio se abren dos escenarios en los cuales los Comandos podrían considerarse parte de un conflicto armado con el gobierno:
1. Si los Comandos y la Segunda Marquetalia tienen nexos genuinos entre ellos, lo cual, en la práctica, conformaría a un único grupo que reúne los requisitos conforme al DIH.
2. Si los Comandos cumplen por sí mismos los niveles de organización y hostilidades que requiere el DIH.
En nuestra opinión, no hay evidencias concluyentes para creer que los Comandos de la Frontera y la Segunda Marquetalia tienen nexos suficientes para ser tratados como un único grupo conforme al DIH.
Diversos académicos han planteado que el criterio pertinente para determinar si dichos nexos son suficientes es si hay algún tipo de mando centralizado que ejerza un control general sobre varios grupos armados o si un grupo armado ejerce dicho control respecto de otro grupo armado. Al menos según lo interpreta Tilman Rodenhauser, este estándar no exige que el grupo controlante o el comando centralizado pueda emitir órdenes específicas o comandar cada operación militar, pero sí requiere que estos coordinen las actividades militares y determinen los objetivos militares generales y las normas internas que deben cumplir todos los subgrupos.
Parecería haber pocas pruebas de que exista una coordinación militar entre la Segunda Marquetalia y los Comandos. El único aspecto que podría reflejar un mínimo grado de coordinación es que los dos grupos casi nunca atacan a la Fuerza Pública o a la Policía, una decisión que “Iván Márquez” anunció cuando creó la Segunda Marquetalia.
La Segunda Marquetalia anunció en mayo de 2021 que se había reunido con lo que llamó sus unidades sudoccidentales (incluidos los Comandos de la Frontera) para analizar la situación política del país y reafirmar que todas las unidades presentes formaban parte de la Segunda Marquetalia. Existen pruebas de que esta reunión efectivamente tuvo lugar en el departamento de Nariño, pero según lo que hemos podido determinar, los grupos no adoptaron acuerdos respecto de cómo se coordinarían las actividades militares ni de sus objetivos y normas internas.
La prueba más clara que hemos podido precisar sobre cualquier coordinación entre los Comandos y la Segunda Marquetalia son los comunicados de prensa conjuntos que emitieron en unas pocas oportunidades (los Comandos siguen publicando sus propios comunicados, y no hablan nombre de la Segunda Marquetalia). Si bien estos comunicados sugieren que las organizaciones tienen la posibilidad de expresarse con una única voz, lo cual representa un factor relevante para la evaluación, no hay pruebas claras de que estas declaraciones reflejen una coordinación de actividades militares en el terreno, puesto que sólo suelen hacer declaraciones sobre unidad política y prácticamente no mencionan actividades militares.
En consonancia con estos hallazgos, el Cicr trata a estos dos grupos por separado, según se explicó anteriormente.
Incluso si no existieran nexos suficientes con la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera podrían cumplir por sí solos los niveles mínimos de organización y hostilidades con el gobierno para ser considerados una parte de dicho conflicto.
Los comandos parecen estar suficientemente organizados. Según cálculos del gobierno que consideramos en buena medida creíbles, los Comandos tienen aproximadamente 300 combatientes armados, aunque el grupo dice contar con muchos más.
El grupo parece tener una cadena de mando sólida, en función de sus comunicados de prensa y otras fuentes. Fuentes en terreno nos han confirmado que por lo menos dos de los comandantes mencionados en los comunicados sí hacen parte de la comandancia del grupo y operan en el lugar donde aparecen publicados los comunicados.
Periodistas del New York Times que recientemente pasaron una semana con los Comandos dijeron que “Visita[ron] varios pueblos bajo su control, vimos cómo movían armas y compraban drogas, y dormimos en un campamento donde los combatientes lanzaban granadas y hacían ejercicios a pocos metros del Putumayo, un río de importancia.”.
Asimismo, conforme al derecho internacional, los enfrentamientos entre el grupo armado y fuerzas gubernamentales deben alcanzar un “cierto nivel de intensidad” para que exista un conflicto armado no internacional, dado que el DIH no es aplicable a “disturbios, actos de violencia aislados y esporádicos y otros actos de naturaleza similar”. La jurisprudencia de tribunales internacionales ha formulado un conjunto de indicadores para determinar la intensidad de la violencia, como la gravedad de los enfrentamientos y cuán propagados están en el territorio, los tipos de armas utilizadas en los combates y la cantidad de víctimas.
Si bien los Comandos están fuertemente armados y el gobierno colombiano ha desplazado al Ejército a la zona, los combates entre fuerzas gubernamentales y el grupo armado parecen ser muy poco frecuentes, según nuestras entrevistas con trabajadores humanitarios y líderes comunitarios en Putumayo. Varias fuentes indican que, por lo menos antes del controvertido operativo del Ejército que tuvo lugar en marzo, este no había realizado ataques frecuentes a los Comandos. Conforme lo describieron algunas fuentes, parecía que el Ejército los “dejaba ser”.
De hecho, sólo pudimos identificar dos incidentes de ataques militares al grupo por parte del Ejército en 2021, aunque ocurrió otro recientemente en 2022. (Un alto oficial del Ejército le dijo recientemente a uno de nosotros que los Comandos y una disidencia de Farc habían mantenido combates 27 veces en los últimos dos años, pero no indicó cuántas veces las fuerzas gubernamentales y los Comandos habían participado en hostilidades).
Este nivel esporádico y relativamente bajo de violencia genera serias dudas de que se pueda sostener que los enfrentamientos entre los Comandos y las fuerzas gubernamentales constituyan un conflicto armado no internacional. La situación, sin embargo, es dinámica y el umbral relevante podría alcanzarse rápidamente si el Ejército llevara adelante más operativos contra los Comandos. Como en otros casos, la clasificación que hace el gobierno de los enfrentamientos con los Comandos como un conflicto armado podría convertirse en una profecía autocumplida si conduce a un aumento de las hostilidades.
Las evidencias que presentamos aquí ponen en duda la idea del Ministerio de Defensa de que los Comandos de la Frontera realmente sean parte de la Segunda Marquetalia de conformidad con el DIH aplicable. También planteamos, como lo hace el Cicr, que el DIH no parece ser aplicable a los enfrentamientos entre las fuerzas armadas colombianas y los Comandos porque estos no parecen alcanzar el umbral correspondiente.
Estas conclusiones arrojan dudas sobre el argumento del gobierno colombiano de que el DIH resultó aplicable al controvertido operativo militar realizado en la vereda El Remanso, en el que habrían muerto varios civiles.
De manera más general, nuestro análisis pone de manifiesto los desafíos que implica evaluar a los grupos armados en contextos sumamente dinámicos, como el de Colombia. Cuando asuma en agosto, el gobierno del presidente Petro y su ministerio de defensa deberán analizar cuidadosamente las dificultades jurídicas y fácticas que existen en el país para determinar en qué contextos se debe aplicar el derecho internacional humanitario. Solo así podrá garantizar que las Fuerzas Militares utilicen la fuerza de forma apropiada.
*Originalmente publicado en La Silla Vacía
**Juan Pappier es investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Comentarios: